Vecinos solicitan al Honorable Concejo Deliberante la Derogación de la Ley N° 10.270
En un acto de unidad y determinación, un grupo de vecinos de la ciudad de Concordia ha elevado un petitorio al Honorable Concejo Deliberante, instando a sus autoridades a acompañar la solicitud de derogación de la Ley N° 10.270, que pesa sobre los contribuyentes de la provincia de Entre Ríos. Dicha petición de derogación será dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano.
La Ley 10.270, que data de 2013, tiene sus raíces en la crisis económica que azotó la región durante aquel año. Bajo el mandato del entonces gobernador Sergio Urribarrí, se decretó una emergencia económica, política y financiera. Esta legislación trajo consigo una reforma tributaria que, según los firmantes del petitorio, ha resultado ser regresiva y gravosa para los ciudadanos de Concordia y la provincia en su conjunto.
Una de las principales quejas de los vecinos es la imposición de un incremento en el impuesto inmobiliario, que en algunos casos alcanza entre un 20 y un 30%. La norma originalmente se planteó como excepcional, con vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, por un período de dos años.
Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de vencimiento de la ley, el entonces gobernador Gustavo Bordet, a instancias del exgobernador Urribarrí, solicitó a los legisladores que prorrogaran su validez. Esto fue hecho realidad a través de la Ley 10.403, que extendió la aplicación de la controvertida norma hasta el 31 de diciembre de 2019, y posteriormente, la Ley 10.754 prolongó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. En total, la ley ha estado en vigor durante 8 años y se proyecta que llegue a 10 si no se atiende el llamado de los ciudadanos.
Los vecinos argumentan que han estado pagando impuestos que ya no corresponden, dado que la ley se creó con un propósito excepcional que ya ha finalizado, ya que dicha ley fue aprobada en 2013 como un fondo para la «seguridad social», por lo que la misma establecía una reforma tributaria que dispone aumentos en los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales, automotores, en actividades productivas y de ocio, a servicios públicos y al acceso a la justicia, entre otros.
Precisamente, la ley creó nuevos adicionales para los impuestos inmobiliarios urbano y rural y para los automóviles familiares, rurales, ambulancias, fúnebres, jeeps y similares de origen nacional o importados, tanto uso utilitario como recreativo, que van de un 20 a un 30 por ciento, para financiar esta «seguridad social» a través de los aumentos en los impuestos sobre los ingresos brutos, en hotelería, restaurantes, transporte, automotores, servicios de internet y cable, industria farmacéutica, productos para la producción, insumos para la construcción, venta de usados e inmuebles, operaciones comerciales y bancarias, para el acceso a la justicia y los juegos de azar.
Pero parece que la «Seguridad Social» era verdaderamente importante para el gobierno provincial, ya que aportaba un montón de dinero extra sumado al básico del impuesto, y fue así que el actual gobierno de Gustavo Bordet decidió prorrogar el cobro del fondo, en esta última instancia a través de la Ley 10754 (Presupuesto 2020) hasta este año 2023, cuando termine su mandato.
Es por esto que los ciudadanos se sienten avasallados por el incesante aumento de impuestos y los montos abusivos que les son cobrados y que con el título de «Seguridad Social» sirve, según algunos, de aporte «a la corona».
Motivados por la necesidad de justicia y equidad fiscal, han realizado un petitorio que busca la derogación de la Ley 10.270. Este documento será entregado a la legislatura con la esperanza de que se escuche su reclamo y se ponga fin a un impuesto que consideran inaceptable.
La solicitud de los vecinos se dirige al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Daniel Cedro, y a los demás miembros de este órgano representativo. Esperan que el Concejo se sume a su causa y acompañe la petición de derogación de la Ley 10.270, demostrando así su compromiso con los intereses de la comunidad. El próximo paso será presentar el petitorio a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en busca de una solución a este largo y controvertido tema tributario. De esta manera, los vecinos de la provincia de Entre Ríos han hecho un llamado a la conciencia pública y política, respaldando una causa que consideran justa y necesaria.
