Se aprobó por mayoría la ordenanza que regula la actividad de las mensajerías en moto en la ciudad. Esta iniciativa, impulsada por la concejala oficialista Lia Solis, tuvo un largo proceso de gestación desde mediados del 2020 y ha tomado fuerza en los últimos meses.
La ordenanza busca establecer normas claras y condiciones adecuadas para el funcionamiento de las mensajerías en moto, una actividad que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Con esta regulación, se busca garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, así como mejorar la calidad del servicio prestado.
En diálogo con nuestro medio Diario Despertar Entrerriano, la concejala destacó la importancia de contar con esta normativa que establece criterios mínimos de seguridad y profesionalidad para las mensajerías en moto. Explicó que «este proyecto lo presenté en el año 2020, ya que en ese momento con el inicio de la pandemia, fue uno de los rubros que mayor auge tomó. Surgió la necesidad de darle a los usuarios mayor seguridad sobre los datos de quienes prestan estos servicios. Buscamos un marco regulatorio para todos, que no sea un impedimento para trabajar, que no tenga fines recaudatorios sino más bien informativo y que se promocione».
La ordenanza fue aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante, sobre esto la edil dijo que «lamentablemente este proyecto no se aprobó por unanimidad, esto no se logró porque el bloque opositor no se acordaban del mismo, querían mandarlo a comisión y desde el oficialismo consideramos que es nuestra función estar al tanto de todos los proyectos».
«Se trata de una plataforma donde la municipalidad tiene 180 días para poder armarla, para poder ver cada una de las personas que prestan servicios en las bases de la ciudad, pero también poder generar un marco regulatorio en relación a la habilitación de las bases», explicó.
De esta manera, Solis argumentó que «queremos generar un cuadro tarifario básico que equivale a 1lt de nafta súper como mínimo y 3lts como máximo siempre y cuando no haya cargas especiales. Esto se habló con los dueños de las empresas, con los trabajadores. Si la base está en el centro, se cobra desde ahí».
«Las empresas tendrán la facilidad de que no harán las habilitaciones de forma presencial, sino que se dará un proceso de digitalización donde las empresas tendrán un usuario y una contraseña para subir los datos. Solo el respaldo en papel en las bases en el caso de que la autoridad de aplicación quiera hacer una auditoría», finalizó.
