Reclamo del Hospital Heras al PAMI por suministro de medicación para pacientes con VIH

La doctora Florencia Prieto, titular del Servicio de Infectología del Hospital Felipe Heras, ha dirigido una carta a las autoridades de la obra social PAMI en un «reclamo solidario» en beneficio de sus pacientes que viven con el virus del VIH.

En el documento, al que nuestro medio Diario Despertar Entrerriano tuvo acceso, la doctora denuncia la preocupante situación que están atravesando en el hospital. Desde el año pasado, «se han visto obligados en numerosas ocasiones a proporcionar la medicación antirretroviral en calidad de préstamo desde el servicio de Infectología».

La carta de la doctora Prieto es una expresión de preocupación y un llamado de atención a las autoridades del PAMI para que tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar el suministro regular y continuo de medicación para los pacientes con VIH. La situación debe ser abordada con urgencia, y se espera una respuesta rápida y concreta por parte de la obra social.

«Es con pesar que debo utilizar este medio para expresar nuestras preocupaciones, dado que nuestros reiterados llamados y solicitudes a las instancias competentes, encargadas de abordar esta problemática, no han obtenido respuesta hasta el momento», señala Prieto a las autoridades del PAMI.

La profesional argumentó que «en relación a las personas que conviven con VIH, nos hemos visto obligados en numerosas ocasiones desde el año pasado a proveer la medicación antirretroviral en calidad de préstamo desde el servicio de Infectología. Estos préstamos han sido necesarios debido a omisiones, retrasos y otras cuestiones burocráticas. Como profesionales de la salud, entendemos que el VIH es una infección crónica y que interrumpir el tratamiento podría conllevar un aumento de la resistencia viral, una disminución del nivel inmunológico y, por ende, un incremento de la carga viral. Además, la angustia generada al estar constantemente preocupados sobre si la medicación llegará a tiempo ha ocasionado trastornos de ansiedad en los usuarios, lo cual no debería ser su responsabilidad si el funcionamiento del sistema de PAMI fuese adecuado».

Prieto puntualizó que «a pesar de que hemos marcado la palabra «URGENTE» en muchos de nuestros pedidos, los usuarios no han sido atendidos de manera oportuna, lo que ha llevado a retrasos en sus tratamientos, afectando gravemente su salud. Es importante destacar que los pacientes afiliados a PAMI suelen ser personas mayores de edad con dificultades de movilidad, tanto por cuestiones económicas como por limitaciones de salud propias de su condición».

«¿Qué se les puede decir a personas que viven con VIH y no tienen acceso a su medicación para continuar su tratamiento? ¿Quién se hace responsable de esta situación? ¿Quién puede ser indiferente ante este justo reclamo?», pregunta de manera retórica la doctora en la carta dirigida a funcionarios de la obra social de jubilados y pensionados de la Nación a la vez que describe un panorama crucial: «La sensación de impotencia que siento cuando alguien se acerca desesperado, pidiendo que le preste algunos comprimidos debido a la falta de suministro, es abrumadora. En muchas ocasiones, me encuentro en la situación de no tener suficiente medicación disponible o de tener que reemplazarla por algo similar. No puedo ser indiferente a la necesidad del otro. La medicina es, ante todo, un acto de humanismo, y no podemos desviar la mirada cuando alguien se encuentra en una situación tan delicada».

De acuerdo a lo señalado por la doctora Prieto, ante los reiterados reclamos realizados en las oficinas locales de PAMI obtienen respuestas que señalan que las decisiones y directivas provienen de las autoridades centrales de PAMI en Buenos Aires.

«Mientras tanto, los afiliados quedan atrapados en un conflicto sin solución, sin que nadie se haga cargo de la gravedad de esta situación que se ha vuelto crónica e insostenible. Las personas responsables de PAMI central parecen haber olvidado que el año pasado se dictó la Ley 27675, la Ley Nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis», apuntó.

También recordó que por ley «es responsabilidad del Estado y de las obras sociales asegurar el suministro oportuno de medicación crónica. Los afiliados aportan mensualmente sus descuentos salariales y no existe deuda alguna por parte de ellos, como podría ser el caso de las prepagas u otros servicios». Y denuncia la existencia de una violencia institucional que vulnera los derechos de las personas que viven con VIH, haciendo extensiva la misma preocupación para todos aquellos usuarios que padecen patologías crónicas que no pueden esperar (como los pacientes oncológicos, por ejemplo).

En este punto, la infectóloga recordó a los destinatarios del reclamo que el pasado 18 de julio se cumplió un año desde la sanción de la Ley 27.675. «Confiamos en que PAMI tomará medidas inmediatas para resolver esta situación y evitar posibles sanciones legales», cerró.