Proponen la utilización de inhibidores de señal en cárceles entrerrianas
Pretende la “prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles” de cualquier índole, para lo cual el Estado deberá proceder “al bloqueo y/o inhibición de toda señal de celulares”.
Mediante un proyecto de Ley presentado esta semana en la Cámara Baja de Entre Ríos, el diputado Nicolás Mattiauda (PRO-Juntos por el Cambio) propone una nueva regulación de las comunicaciones telefónicas de los internos en las cárceles, mediante la aplicación de inhibidores de señal para el uso de dispositivos móviles ingresados ilegalmente a las unidades penitenciarias de la provincia.
El proyecto de Ley establece que se designará como autoridad de aplicación de la medida al Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, y que se autorizará al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de la adquisición de los equipamientos que permitan el cumplimiento de la norma.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador del Pro integrante del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, mencionó diversos hechos irregulares acontecidos por el uso de celulares en las cárceles de la provincia. Entre ellos, el más reciente es el que se conoció a principio de mes cuando en la unidad penal de la ciudad de Victoria, penitenciarios descubrieron un pozo de un metro de profundidad donde los internos escondían dispositivos móviles que utilizaban, entre otras cosas, para realizar video llamadas.
Mattiauda argumentó además que «se han constatado a nivel nacional, diferentes modalidades delictivas que son llevadas a cabo mediante celulares ingresados ilícitamente en los establecimientos penitenciarios. Algunas de estas modalidades son los secuestros virtuales, las extorsiones a comercios y hogares, balaceras con distintos objetivos».
Y agregó: «En función de estas circunstancias, es necesario controlar y bloquear las señales de telefonía celular e internet desde los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de evitar la organización de ilícitos desde los establecimientos penitenciarios, siempre sin afectar el derecho a la comunicación del que deben gozar las personas privadas de su libertad».
Como comparación con otros países que han dispuesto la utilización de inhibidores de señal de celular en cárceles para evitar la organización de delitos desde ese lugar, el diputado provincial mencionó a modo de ejemplo a México, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y España.
«Es absolutamente necesario reglamentar el derecho de los internos a las comunicaciones telefónicas como mecanismo para poner freno a la recurrente ola de delitos que padece la sociedad, buscando permanentemente la reinserción social de quienes se encuentran en establecimientos carcelarios», puntualizó Mattiauda en sus fundamentos.
