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La Justicia puso la lupa sobre el proyecto HIF y comenzó a exigir respuestas de ambos lados del río Uruguay

La Justicia puso la lupa sobre el proyecto HIF y comenzó a exigir respuestas de ambos lados del río Uruguay

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El emprendimiento de producción de e-combustibles que la empresa HIF proyecta instalar en Paysandú, frente a la costa entrerriana, quedó bajo análisis de la Justicia Federal argentina. La magistrada María Isabel Caccioppoli aceptó tramitar un amparo ambiental y ordenó solicitar información a organismos nacionales, provinciales y uruguayos. En diálogo con Despertar Entrerriano, el abogado patrocinante de la causa, Matías Roh, explicó por qué consideran que hoy «falta lo esencial» para que la comunidad conozca el verdadero alcance del proyecto.

Un megaproyecto que despertó interrogantes

El proyecto HIF prevé la producción de e-combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre la costa del río Uruguay, frente a localidades entrerrianas como Colón, San José y Pueblo Liebig. Sin embargo, según sostiene el abogado Matías Roh, el principal problema no es la existencia del emprendimiento en sí, sino la escasa información oficial disponible sobre sus posibles efectos: «Lo que nos llevó a presentar este amparo fue, principalmente, el silencio que existe alrededor de este megaproyecto. Las comunidades argentinas no tienen información oficial ni respuestas de las autoridades; lo único que conocen surge de noticias periodísticas, rumores o de la propia empresa», explicó.

Para Roh, la preocupación surge porque el río Uruguay es un recurso compartido y cualquier intervención sobre una de sus márgenes puede tener consecuencias sobre la otra: «Todo lo que ocurre de un lado repercute en el otro: en el agua, en el aire, en el paisaje y también en la actividad económica. En la costa entrerriana el turismo depende, en gran parte, del río y del ambiente. Por eso entendemos que las comunidades tienen derecho a ser informadas y a participar de las decisiones», sostuvo.

Asimismo, remarcó que ese derecho no surge de una interpretación personal, sino de compromisos asumidos por ambos países: «Argentina y Uruguay están obligados por tratados internacionales a garantizar el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana», afirmó.

La Justicia comenzó a buscar la información que hoy no está disponible

El avance más importante de la causa llegó el pasado 24 de julio, cuando la jueza federal María Isabel Caccioppoli resolvió aceptar la tramitación del amparo y ordenar la producción de informes en el marco del Acuerdo de Escazú. La magistrada requirió información al Estado Nacional, la Provincia de Entre Ríos, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y distintos organismos uruguayos, entre ellos la DINACEA y la Intendencia de Paysandú.

Para el abogado, la resolución representa un paso clave porque la propia Justicia reconoció que existe un vacío de información oficial: «La jueza tomó el caso y decidió actuar. Empezó pidiendo informes a organismos de los dos países y eso es exactamente lo que veníamos reclamando: salir a buscar la información que hoy no existe públicamente», señaló.

En ese sentido, explicó que todavía no se conocen aspectos centrales del emprendimiento: «Hoy falta lo esencial. No hay un estudio de impacto ambiental disponible para el público, no se sabe con claridad cuánta agua del río se utilizará, cómo será utilizada, qué se devolverá al río ni cuál fue el recorrido de las autorizaciones ambientales en Uruguay. Tampoco está claro cómo se informó todo esto a la CARU», detalló.

Y agregó: «Lo poco que existe proviene de notas periodísticas, de la página de la empresa o de charlas informativas, pero no alcanza. Antes de avanzar con un proyecto de esta magnitud, esa información tiene que ser pública y estar al alcance de todos».

«No buscamos frenar el proyecto, sino que se cumpla la ley»

Consultado sobre los posibles impactos ambientales, Roh aclaró que hoy nadie puede afirmar con certeza cuáles serán las consecuencias justamente porque aún no existen estudios públicos suficientes: «El impacto exacto todavía no puede determinarse y ese es justamente el problema. Sin estudios oficiales nadie puede decir con certeza cuáles serán los efectos. Lo que sí sabemos es que se trata de una planta de gran escala, que demandará un uso intensivo del agua del río y que estará ubicada frente a ciudades entrerrianas. Por eso creemos que primero hay que estudiar y después decidir», expresó.

El abogado insistió en que el planteo judicial no busca impedir inversiones ni cuestionar la producción de energías alternativas: «Nosotros no estamos en contra de la política energética ni pretendemos prohibir ninguna actividad económica. Lo único que pedimos es que se respeten los pasos que marca la ley: información pública, participación de las comunidades y una evaluación seria del impacto ambiental antes de que el proyecto avance de manera irreversible», indicó.

Ahora comienza una nueva etapa del expediente. Los organismos requeridos disponen de un plazo de 30 días hábiles para responder los pedidos de la Justicia, mientras que la representación legal continuará gestionando los exhortos internacionales para obtener la documentación pendiente desde Uruguay: «Primero necesitamos reunir toda la información que hoy falta. Después la jueza podrá pronunciarse sobre las medidas solicitadas y sobre la responsabilidad del Estado por no haber informado oportunamente. Incluso si el proceso terminara con toda esa información sobre la mesa, ya sería un avance muy importante, porque permitiría que la comunidad conozca realmente qué está ocurriendo con este proyecto», concluyó.

Fuente: Despertar Entrerriano.

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