El desalojo previsto para el 16 de diciembre en el barrio Pampa Soler todavía se encuentra en discusión
A solo días de que el calendario marque el 16 de diciembre, las familias del Barrio Pampa Soler en Concordia viven momentos de tensión. La amenaza de un desalojo judicial afecta aproximadamente 50 familias, quienes habitan este terreno hace más de ocho años. Las calles de este barrio, ubicadas en la zona norte de la ciudad, esconden una historia de promesas incumplidas, disputas legales y una comunidad que lucha por no perder su hogar.
Nuestro medio, Despertar Entrerriano, dialogó con todas las partes involucradas: desde los representantes de los propietarios del terreno hasta los vecinos y las autoridades municipales. Lo que surge de estas conversaciones es un panorama complejo, donde las soluciones parecen más esquivas que nunca.
El reclamo de los propietarios: “Es hora de respetar la ley”
Oscar Bacigaluppe, abogado de los dueños de los terrenos en cuestión, explicó que la medida de desalojo no surgió de un capricho, sino que es el resultado de años de gestiones legales sin acuerdos concretos.
“Esto lleva demasiado tiempo. Entendemos la situación de las familias, pero también hay derechos que proteger, y el principal es la propiedad privada. Se fijó el desalojo para el 16 de diciembre, pero seguimos abiertos al diálogo”, aseguró.
Bacigaluppe detalló que los propietarios poseen dos predios: uno de 18 hectáreas, donde están asentadas las familias, y otro de 30 hectáreas frente a ese terreno, cruzando la avenida Pampa Soler. Según él, los terrenos fueron declarados de utilidad pública en dos ocasiones, pero los procesos de expropiación nunca se completaron.
“Hubo proyectos en la gestión de Enrique Cresto que quedaron en la nada. Las leyes que declararon la utilidad pública caducaron por falta de pago, y ahora estamos ante esta situación límite”.
El abogado también señaló que, contrario a lo que sostienen los vecinos, las familias que ocupan el predio serían cerca de 50.
“No somos usurpadores, somos trabajadores”
En el otro extremo, Daniel López, presidente del barrio Pampa Soler, expresó la angustia de quienes ven en peligro los hogares que han construido con esfuerzo.
“Nosotros no queremos usurpar nada. Desde que llegamos, nos dijeron que estos terrenos eran municipales y que podríamos regularizar pagando cuotas. Incluso hubo promesas de urbanización durante la gestión de Bordet como intendente, pero nada de eso pasó”, recordó.
López también destacó el crecimiento del barrio:
“Cuando empezamos, éramos 50 familias; ahora somos muchas más. Pero siempre estuvimos dispuestos a pagar. Lo único que pedimos es una solución concreta”. La comunidad denuncia que, durante años, fueron arrastrados de una promesa a otra, especialmente en períodos electorales. “Siempre estamos en el ojo de la tormenta. Los políticos vienen, prometen, y al final no hacen nada. Mientras tanto, nosotros vivimos con miedo, esperando el día en que nos saquen de acá”, dijo López.
El papel del municipio: buscar una salida consensuada
La Municipalidad de Concordia se encuentra en el centro de las negociaciones, intentando evitar el desalojo. Luciano Del Ollio, Secretario de Gobierno, reconoció la gravedad de la situación y confirmó que las reuniones con vecinos y propietarios continúan.
“Seguimos con las reuniones con el barrio, para buscar soluciones”, señaló.
Del Ollio enfatizó que el municipio no ha dejado de acompañar a las familias en su lucha por la regularización, pero también admitió las limitaciones del gobierno local frente a un conflicto de larga data, según la reunión que se tuvo recientemente con los vecinos.
La expropiación inversa, una posible salida
Frente a las negociaciones, Bacigaluppe planteó una alternativa que podría destrabar el conflicto: la expropiación inversa. En este caso, el Estado, al haber declarado el terreno de utilidad pública, estaría obligado a completar la expropiación pagando el precio fijado por el tribunal de tasaciones.
“Esto ya se intentó durante la gestión de Cresto, pero nunca se concretó el pago. Si el Estado realmente considera que estos terrenos son de utilidad pública, debe actuar en consecuencia”, sostuvo el abogado.
El siguiente paso es una “próxima reunión del Municipio con los propietarios directos”, nos comentó Bacigaluppe. “Se está debatiendo un monto de dinero que realmente a mí me excede. Por lo tanto, lo dejo en manos de los dueños”, concluyó.
El 16 de diciembre se acerca, y la tensión en el barrio es palpable. Mientras las reuniones continúan y las partes buscan un punto de encuentro, las familias viven con la incertidumbre de no saber si tendrán un techo el próximo año.
Fuente: Despertar Entrerriano.
