El Gobierno endurece negociación con empresas: Revisa costos e investiga posición dominante
El secretario de Comercio Matías Tombolini encomendó a Defensa de la Competencia una investigación a firmas de consumo masivo por posible abuso de posición dominante. La reacción oficial se da al mismo tiempo que se discute un amplio acuerdo de precios para desacelerar el componente inercial de la inflación.
Los equipos técnicos de la Secretaría de Comercio analizan diariamente la evolución de los precios. En esa evaluación, que está enfocada en los productos de consumo masivo, fuentes oficiales explicaron que “se detectaron posibles distorsiones”. Ante esta situación, el secretario Matías Tombolini instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que abriera una investigación por posible abuso de posición dominante. Esta reacción se da al mismo tiempo que el Gobierno negocia con grandes firmas un acuerdo para fijar los precios de los artículos de la canasta básica por cuatro meses que apunta a frenar la inercia inflacionaria.
Horas después de que se publicara en el Boletín Oficial la resolución que insta a investigar a un grupo de grandes firmas, aparecieron en las redes sociales una serie de publicaciones de dirigentes del Frente de Todos exponiendo públicamente artículos que aumentaron por encima de la inflación. De esta manera, por ejemplo la diputada Vanesa Siley impulsó una especie de boicot para “frenar el abuso de estas empresas y cuidar la mesa de los argentinos”.
Estas dos situaciones se dieron mientras el Gobierno negocia con los fabricantes de productos de consumo masivo el plan para fijar precios por cuatro meses que anticipó este medio semanas atrás. Por lo que podría leerse como un endurecimiento en la postura oficial. En esa discusión, el Ministerio de Economía ya tomó uno de los pedidos del sector privado: desestimar la idea de poner el precio en el empaque de los productos. Sergio Massa confirmó que la herramienta para que los consumidores puedan visualizar el precio acordado será una aplicación móvil.
El ministro de Economía anticipó días atrás que siete empresas y cuatro grandes cadenas de supermercados, que garantizaron espacio extra en sus góndolas para exhibir los productos, ya se habían sumado al plan “Precios Justos”. Como explicó este medio, el Gobierno busca de esta manera desacelerar la inercia inflacionaria. En el Palacio de Hacienda explican que este es uno de los componentes que explican el nivel actual de la inflación.
Al mismo tiempo, destacan que las causas de fondo también se están atacando. El programa bautizado como “dólar soja” dotó al Banco Central de un colchón de reservas que se verá reforzado nuevamente por desembolsos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, que firmó un nuevo programa con Argentina por u$s700 millones. En esa línea, destacan los esfuerzos por ordenar el plano fiscal y muestran un informe de la consultora Analytica que marca una caída del 31,2% del gasto real en la cuarta semana de octubre, con respecto a la misma de septiembre.
“Posibles distorsiones”
Mientras tanto, las negociaciones continúan y los incrementos de precios por encima de la inflación también. Por eso Tombolini instruyó a Defensa de la Competencia a investigar a un grupo de empresas. Fuentes oficiales explicaron a este medio que en la variación de determinados productos se detectaron “posibles distorsiones”.
“La lesión al interés económico general aparece como evidente, tratándose de producción mayoritariamente nacional, sobre la base de materias primas nacionales y con condiciones naturales y de infraestructura para proveer alimentos a precios razonables, considerando las variables generales de la economía argentina”, dice la resolución en cuestión.
Los equipos técnicos de la Secretaría de Comercio hacen una evaluación diaria de los precios del consumo masivo y las canastas familiares. Es en ese marco que se detectaron “precios que se han incrementado con cierta distorsión”. De acuerdo a lo que explicaron las fuentes, “las dos líneas que se están revisando son las conductas de abuso de posición dominante y de incrementos desmedidos”.
Es decir, por un lado investigan si alguna empresa con un alto grado de concentración en un mercado, hizo uso de esa posición para establecer un precio más elevado dentro un determinado mercado. Uno de los segmentos en cuestión sería el de bebidas. La otra conducta que se analiza es el desacople de los incrementos en los precios finales de los productos con respecto a la variación de los costos.
A partir de ahora, la Comisión de Defensa de la Competencia tendrá un plazo de treinta días para devolverle un detallado informe al secretario de Comercio sobre el accionar del grupo de empresas señaladas. Aunque las líneas están abiertas y el interés del Gobierno por estas horas es llegar a un acuerdo para poner un freno a la inercia inflacionaria.
