¿Existe una ordenanza en Concordia que obligue la capacitación en lengua de señas para empleados públicos?
A partir del proyecto presentado en la Legislatura entrerriana que propone establecer la capacitación obligatoria, periódica y permanente en Lengua de Señas Argentina (LSA) para los agentes del Estado, Despertar Entrerriano consultó al Concejo Deliberante de Concordia para conocer si la ciudad trabaja en una iniciativa similar o cuenta con alguna norma vigente en ese sentido.
Una propuesta provincial con verdadera inclusión
La iniciativa, presentada recientemente en la Legislatura entrerriana, busca garantizar que todas las personas que se desempeñen en la función pública —en cualquiera de los tres poderes y niveles del Estado— cuenten con conocimientos básicos en lengua de señas. El objetivo, según el texto del proyecto, es “romper barreras comunicacionales y promover la igualdad de oportunidades para personas sordas e hipoacúsicas”.
El anuncio, difundido por Desde Entre Ríos, generó repercusión en distintas ciudades y abrió el debate sobre si los municipios deberían avanzar en su propia normativa.
Una demanda social que aún no tiene respaldo legal
Ante la consulta, desde el Concejo Deliberante de Concordia confirmaron que actualmente no existe ninguna ordenanza que exija capacitaciones en lengua de señas. “Hasta donde sabemos, no hay obligación de capacitarse en lengua de señas, no existe ninguna ordenanza al respecto”, señalaron. Además, aclararon que cada concejal tiene libertad para presentar proyectos, pero “por ahora, ningún bloque está trabajando ese tema”.
Según agregaron, las capacitaciones dependen de la voluntad personal de cada empleado o del área de Discapacidad, donde sí hay personal preparado para intervenir en casos específicos. “Los del área de discapacidad están capacitados, pero fuera de eso no hay exigencia formal”, aclararon.
Una cuestión de fondo: pasar del discurso a la acción
Aunque Concordia cuenta con áreas municipales que trabajan sobre discapacidad e inclusión, el acceso a la información y la comunicación sigue mostrando algunos vacíos, a diferencia de otras capacitaciones obligatorias como la Ley Micaela o la Ley Yolanda.
Una ordenanza local podría ser el primer paso para garantizar una atención pública verdaderamente accesible, donde todos los vecinos —sin importar su condición auditiva— puedan ser atendidos y comprendidos sin barreras.
Fuente: Despertar Entrerriano
