Entre Ríos promulgó la adhesión a la Ley Olimpia. La Justicia podrá suprimir contenidos de redes sociales para proteger a víctimas
Tras su sanción en la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos oficializó la Ley N° 11.249 mediante su publicación en el Boletín Oficial N° 28.262. Con esta norma, la provincia formaliza su “Adhesión a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736”, brindando herramientas concretas para combatir la violencia de género en el entorno telemático.
Cabe destacar que la Ley fue aprobada en Diputados el 18 de junio y obtuvo su sanción definitiva en el Senado el 6 de enero.
La nueva norma modifica el régimen de prevención vigente para incluir mecanismos de respuesta inmediata ante agresiones virtuales. En su articulado, destaca la potestad otorgada a los jueces para intervenir directamente sobre los espacios virtuales donde se ejerce el hostigamiento.
Según el cuerpo de la norma, la justicia podrá “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia digital”.
Para garantizar la efectividad de estas medidas, la resolución especifica que se debe identificar con precisión el material a eliminar, “debiendo identificarse en la orden la URL específica del contenido cuya remoción se ordena”.
Además, se faculta a los magistrados a interrumpir cualquier vía de contacto digital del agresor, pudiendo “ordenar la suspensión provisoria del derecho y deber de comunicación por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación”.
Un punto clave de la Ley 11.249 es la preservación de la evidencia digital, a menudo volátil en estos casos. El texto legal ordena el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados”.
Asimismo, obliga a las empresas tecnológicas a colaborar con el “aseguramiento de los datos informáticos relativos al tráfico, a los abonados y contenido del material suprimido” por un periodo inicial de 90 días.
En el aspecto preventivo, la ley establece la creación de un programa específico que buscará “sensibilizar a la comunidad respecto de las distintas formas de violencia digital por motivos de género, sus consecuencias y mecanismos de denuncia”, promoviendo un uso responsable de las tecnologías y la formación de una ciudadanía digital respetuosa en todo el territorio provincial.
Fuente: APF Digital
