Esta semana los empleados de la administración pública nacional retomaron la presencialidad en sus tareas, la vuelta a una cuasi normalidad tras más de dos años de pandemia de Covid-19. El retorno a las oficinas se anunció a principio de abril y será manteniendo las recomendaciones generales –uso de barbijo, lavado de manos y no compartir utensillos personales–, además de presentar el carnet de vacunación.
La resolución presenta algunas condiciones para ser «exceptuado» de la vuelta a los escritorios públicos, como las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgo.
La resolución no solo marca la vuelta a las oficinas públicas nacionales sino que invita a las provincias a acompañar la decisión: «Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (…) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual», indica.
