Peleas en escuelas y conflictos entre chicos: el Defensor General de Entre Ríos advirtió que el nuevo régimen penal juvenil podría llevarlos a la Justicia
El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, cuestionó algunos alcances del nuevo régimen penal juvenil y advirtió que su aplicación podría llevar a la Justicia conflictos que hasta ahora se resolvían dentro de otros ámbitos. Despertar Entrerriano pudo conocer además que, según planteó el funcionario, uno de los homicidios cometidos este año por un menor de la franja alcanzada por la nueva normativa ocurrió en Concordia.
La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil abrió un debate en todo el país sobre la responsabilidad penal de los adolescentes y el tipo de respuestas que debe dar el Estado frente a los delitos cometidos por menores de edad.
En Entre Ríos, el Defensor General Maximiliano Benítez manifestó sus reparos respecto de algunos aspectos de la nueva normativa. Su principal preocupación no estaría solamente vinculada con la edad de punibilidad, sino también con la cantidad y el tipo de situaciones que podrían quedar bajo intervención del sistema penal.
El riesgo de llevar conflictos escolares a la Justicia
Según explicó Benítez, el nuevo esquema podría terminar judicializando situaciones que anteriormente eran abordadas por las propias instituciones educativas, las familias u otros mecanismos de resolución de conflictos.
Entre los ejemplos mencionados aparecen las peleas entre estudiantes dentro de las escuelas. Para el funcionario, una ampliación de la intervención penal podría generar que conflictos propios de la convivencia entre adolescentes terminen incorporándose al sistema judicial.
Su planteo apunta a que no todos los conflictos protagonizados por menores deberían recibir necesariamente una respuesta penal y que, antes de recurrir a una sanción, resulta necesario analizar el contexto y las características particulares de cada situación.
Benítez también puso el foco en factores que atraviesan a muchos adolescentes y que, desde su perspectiva, deberían formar parte de cualquier política destinada a prevenir el delito, como las dificultades educativas, las adicciones, la salud mental y las condiciones sociales.
Un dato que tiene a Concordia como escenario
Durante sus declaraciones, el Defensor General también se refirió a la situación de Entre Ríos y aportó un dato que tiene una relación directa con Concordia. Según pudo confirmar Despertar Entrerriano, Benítez señaló que durante este año se registró en la provincia un homicidio cometido por un adolescente perteneciente a la franja etaria alcanzada por la discusión del nuevo régimen y que ese hecho ocurrió en Concordia.
El dato vuelve a poner a la ciudad dentro del debate provincial sobre cómo debe actuar el Estado frente a los delitos cometidos por adolescentes, especialmente en los casos de mayor gravedad.
Sin embargo, la postura del funcionario no apunta únicamente a discutir las sanciones. Benítez consideró que la respuesta frente a los delitos juveniles debe contemplar también las condiciones que rodean a cada adolescente y las herramientas de prevención disponibles.
Una discusión que recién comienza
El nuevo régimen plantea un cambio en la forma en que el sistema penal aborda a los adolescentes y su implementación abre interrogantes sobre el funcionamiento de las fiscalías, defensorías, juzgados y dispositivos destinados a jóvenes en conflicto con la ley penal.
Para Benítez, uno de los principales desafíos será evitar que la ampliación de la intervención penal termine convirtiendo en causas judiciales situaciones que podrían resolverse mediante herramientas educativas, familiares o comunitarias.
El debate adquiere especial relevancia en Entre Ríos, donde la discusión nacional también comienza a contrastarse con casos concretos ocurridos en ciudades como Concordia.
Fuente: Despertar Entrerriano
