Jubilaciones: estiman que se necesitan 34 monotributistas para financiar un haber promedio

Jubilaciones: un informe del IERAL advirtió que el crecimiento del monotributo, los menores aportes previsionales, la elevada informalidad y el envejecimiento de la población incrementan la presión sobre el financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Las jubilaciones enfrentan una presión cada vez mayor debido a la transformación del mercado laboral argentino. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) advirtió que actualmente se necesitan casi 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, mientras que alcanzan 3,5 trabajadores asalariados registrados para cubrir el mismo haber.

El estudio sostuvo que el crecimiento sostenido del monotributo permitió incorporar a millones de trabajadores independientes a la formalidad, pero también modificó la estructura de financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya que los aportes realizados bajo ese régimen son considerablemente menores que los de un trabajador en relación de dependencia.

La diferencia también se observa al analizar la jubilación mínima con bono. En ese caso, se requieren aproximadamente 2,4 asalariados registrados para financiar un beneficio, mientras que hacen falta casi 23 monotributistas, según los cálculos del informe.

Más monotributistas y menos empleo registrado

Los datos muestran que desde noviembre de 2023 el monotributo continuó expandiéndose. Según estadísticas desestacionalizadas del SIPA hasta abril de 2026, se incorporaron 150.158 nuevos monotributistas, lo que representó un crecimiento del 7,4%.

En el mismo período, el número de trabajadores autónomos aumentó apenas en 1.494 personas (+0,4%), mientras que el empleo registrado perdió 329.667 puestos de trabajo, una caída del 3,2%. Dentro de ese universo, el empleo privado explicó la mayor parte de la retracción, con una disminución de 235.419 trabajadores.

Para el IERAL, este escenario demuestra que «la sostenibilidad del sistema ya no depende solo de la evolución demográfica, sino también del monto de los aportes que ingresan».

Los aportes son hasta diez veces menores

Actualmente, el SIPA cuenta con aproximadamente 10,3 millones de aportantes para financiar 7,5 millones de beneficios previsionales.

Del total de quienes realizan aportes, el 74% corresponde a trabajadores asalariados, mientras que el 26% restante pertenece al trabajo independiente. Dentro de ese grupo, alrededor de 2,2 millones son monotributistas.

La participación del monotributo dentro del universo de aportantes creció de manera sostenida durante las últimas décadas. En 1998 representaba apenas el 9% del total y, según datos de la Fundación Mediterránea, en marzo de 2026 superó el 20%.

En términos absolutos, los aportantes bajo este régimen pasaron de 513.000 a 2,2 millones, un incremento del 331%. Sin embargo, esa expansión no se tradujo en un aumento proporcional de los ingresos del sistema previsional.

Mientras un trabajador asalariado aporta en promedio el equivalente al 11,2% de sus ingresos, un autónomo contribuye con el 5,2% y un monotributista apenas con el 1,1%.

La diferencia también se refleja en los montos mensuales. En marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un trabajador registrado fue de $187.098, mientras que un monotributista aportó alrededor de $19.215, casi diez veces menos.

La mayoría está en las categorías más bajas

El informe explicó que esta diferencia responde principalmente a la distribución de los contribuyentes dentro del régimen simplificado. Más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA está inscripta en la categoría A, mientras que casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, las escalas de menor facturación y, por lo tanto, de menores aportes previsionales.

No obstante, la Fundación Mediterránea destacó que el régimen permitió incorporar a millones de trabajadores que probablemente habrían permanecido en la informalidad.

Ese fenómeno convive con otro problema estructural: el 44% de los trabajadores argentinos se desempeña en la informalidad, lo que equivale a más de nueve millones de personas que no realizan aportes al sistema previsional.

Envejecimiento y déficit, los otros desafíos

A las dificultades del mercado laboral se suma el cambio demográfico. Las proyecciones del INDEC indican que la población de 65 años o más pasará del 12% del total en 2022 al 17% en 2040. Paralelamente, el índice de envejecimiento prácticamente se duplicará: de 55 adultos mayores cada 100 menores de 15 años se pasará a 115.

De esta manera, el sistema previsional enfrentará una doble presión: habrá una mayor cantidad de jubilados y, al mismo tiempo, crecerá el peso relativo de trabajadores cuyos aportes son menores.

Actualmente, los ingresos generados por aportes personales y contribuciones patronales no alcanzan para financiar el conjunto del gasto previsional, que incluye jubilaciones contributivas, moratorias, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los bonos.

Según el informe, el SIPA presenta un déficit cercano al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) y requiere transferencias del Tesoro Nacional para sostener su funcionamiento.

Debate

Frente a este escenario, la Fundación Mediterránea planteó que el debate sobre una futura reforma previsional debería ir más allá de cuestiones como la edad jubilatoria o los años de aportes exigidos, publicó Ámbito.

El estudio sostuvo que cualquier modificación deberá contemplar la profunda transformación que experimentó el mercado laboral argentino durante las últimas décadas.

Como contexto adicional, recordó que en los últimos tres años el haber jubilatorio promedio perdió un 13% de poder adquisitivo, mientras que la jubilación mínima con bono registró una caída real del 20%. Además, cerca de un millón de personas mayores de 65 años continúa trabajando, lo que representa el 4,6% del total de ocupados.

«La informalidad y la creciente participación de aportantes con contribuciones reducidas cambiaron la estructura del mercado laboral sobre la que fue construido el sistema. Reconocer esa transformación ampliará el diagnóstico y contribuirá al diseño de una reforma más consistente y sostenible», concluyó el informe.

Fuente: Ámbito