Blanca Osuna cuestionó la adjudicación de la hidrovía: «Es la entrega de un recurso estratégico»

La diputada nacional advirtió que la medida entrega un recurso estratégico a manos extranjeras, denunció graves irregularidades señaladas por la PIA y alertó sobre el severo impacto ambiental en las costas y los humedales de la región.

A través de un documento titulado «Nuestro río, nuestra historia, nuestra lucha», la diputada nacional entrerriana Blanca Osuna fundamentó la cuestión de privilegio presentada en la Cámara de Diputados de la Nación contra la decisión del Gobierno nacional de privatizar la Vía Navegable Troncal del río Paraná por un plazo de 25 años.

La legisladora alertó que la medida implica la entrega de un bien común clave a corporaciones y capitales extranjeros.  «La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región», sentenció Osuna, quien detalló que la concesión fue otorgada al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus el pasado 20 de junio.

Alerta por el impacto ambiental y social

La diputada advirtió que llevar la profundización por dragado de 34 a 44 pies provocará severas consecuencias en el ecosistema fluvial. Según denuncias de especialistas, organizaciones ambientales, pescadores y autoridades de localidades costeras, las obras alterarán drásticamente la dinámica del curso hídrico, acelerarán la erosión de las costas y pondrán en riesgo la biodiversidad, el acuífero Guaraní, los humedales y el acceso al agua potable para consumo y servicios de las poblaciones ribereñas.

Asimismo, Osuna criticó la eliminación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) mediante el Decreto 699/24, señalando que la medida dejó sin participación a Entre Ríos y a las demás provincias del litoral (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires). En ese sentido, apuntó contra el gobernador Rogelio Frigerio, al considerar que sus declaraciones expusieron una «ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales».

Denuncias de irregularidades y conflictos de intereses

El documento destaca que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en mayo de este año advirtiendo «graves irregularidades» en el procedimiento licitatorio que podrían derivar en consecuencias penales. Entre las anomalías señaladas se encuentran la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental Integral —exigida por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú—, restricciones al derecho de impugnación y la vulneración del principio de igualdad entre los oferentes.

Por otra parte, la legisladora denunció un cruce de intereses con la intervención de Francisco Mansanta, un funcionario designado por la gestión nacional en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) —desde donde se adjudicó de forma directa el dragado de ese río a la misma firma, Jan De Nul—, quien simultáneamente integró la Comisión de Evaluación de la Licitación por el río Paraná.

Antecedentes federales y proyectos en vigencia

Para respaldar el valor del federalismo y la soberanía sobre los recursos naturales, la exintendenta de Paraná recordó tres hitos de la historia entrerriana:

-El Túnel Subfluvial (1960): Una obra impulsada por los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis ante la negativa de recursos del Gobierno nacional.

-La Ley de Libertad de los Ríos (1997): Nacida de la movilización popular que frenó el proyecto del Paraná Medio y cuyos principios se incorporaron a la Constitución Provincial.

-El PIECAS-DP (2008): El Plan Integral para la Conservación del Delta surgido tras los incendios en las islas, cuya continuidad —recriminó— no ha sido sostenida por las gestiones de Milei, Frigerio ni Pullaro.

Finalmente, Osuna remarcó que se encuentra con vigencia parlamentaria su proyecto de ley para la creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias), junto con la iniciativa de la diputada Propato para conformar una Comisión de Seguimiento y Control de la licitación. «Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo. El río Paraná no es mercancía», concluyó.

Fuente: APFDigital