El Gobierno nacional actualizó el régimen de contrataciones de la Administración Pública y amplió las facultades de distintos funcionarios para aprobar licitaciones, gastos y adjudicaciones.
El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional con el objetivo de agilizar los procesos de compras, licitaciones y adjudicaciones de bienes y servicios. La medida fue oficializada este viernes a través del Decreto 427/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma redefine las competencias de los funcionarios encargados de intervenir en los procedimientos de contratación y actualiza los montos que determinan qué autoridades pueden autorizar, aprobar o adjudicar cada operación.
Según se explicó en los fundamentos del decreto, la decisión apunta a simplificar trámites, reducir demoras administrativas y otorgar mayor operatividad a la gestión estatal.
Más facultades para funcionarios
Entre los principales cambios, el Ejecutivo amplió las atribuciones de directores, directores nacionales, subsecretarios y responsables de las Unidades Operativas de Contrataciones, quienes podrán intervenir en distintas etapas de los procedimientos sin necesidad de elevar cada expediente a instancias superiores.
De esta manera, numerosas decisiones que anteriormente requerían la aprobación de secretarios, ministros o incluso de la Jefatura de Gabinete podrán resolverse en niveles administrativos inferiores, siempre dentro de los límites establecidos por las nuevas escalas de montos.
La actualización también alcanza a las facultades para aprobar gastos, adjudicar contrataciones y autorizar desembolsos en el ámbito de la administración nacional.
Buscan acelerar los trámites
Desde el Gobierno sostuvieron que la modificación responde a la necesidad de adecuar el sistema a la estructura actual de la administración pública y optimizar la utilización de los recursos estatales.
En los considerandos del decreto se señala que la medida busca «agilizar, simplificar y dotar de mayor operatividad la gestión de los procedimientos de selección», evitando demoras derivadas de circuitos administrativos extensos.
La actualización forma parte de una serie de medidas impulsadas por la gestión nacional para reducir cargas burocráticas y acelerar los tiempos de respuesta en distintas áreas del Estado.
Cambios en las escalas
El decreto también revisa las escalas económicas que determinan qué funcionario debe intervenir en cada contratación, tomando en cuenta los montos involucrados en las compras y licitaciones.
De esta forma, se establece una nueva distribución de responsabilidades dentro de la administración pública, con el propósito de descentralizar decisiones y facilitar la ejecución de políticas y programas estatales.
La nueva escala de competencias establece que los titulares de las Unidades Operativas de Contrataciones podrán intervenir en procedimientos de hasta 1.000 módulos, mientras que los directores simples tendrán facultades hasta 3.000 módulos. Los directores nacionales y generales podrán autorizar contrataciones de hasta 15.000 módulos, en tanto que los subsecretarios podrán hacerlo hasta 50.000 módulos. Por encima de esos límites deberán intervenir secretarios, ministros o la Jefatura de Gabinete, según corresponda.
La normativa entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación para los organismos comprendidos dentro de la Administración Pública Nacional.
Fuente: El Once
