“El derecho a la vivienda es una obligación del Estado, no del propietario”: Cómo funciona un juicio de desalojo

El conflicto por desalojos en el barrio Pampa Soler instala una pregunta que se repite cada vez que aparece un caso de este tipo: ¿cómo funciona realmente un desalojo desde lo legal? Para entender el proceso judicial y los derechos que entran en juego, Despertar Entrerriano dialogó con el abogado Oscar Bacigaluppe, con más de 50 años de ejercicio profesional, quien explicó cómo se inicia un juicio de desalojo, qué se tiene en cuenta y qué suele ocurrir en la práctica cuando la justicia ordena restituir una propiedad.

En el caso de Pampa Soler el conflicto involucra a decenas de familias asentadas en terrenos privados y abrió nuevamente el debate entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, dos principios que muchas veces chocan en los tribunales. Para comprender mejor cómo se resuelven estas situaciones, Bacigaluppe explicó que el punto central de cualquier proceso judicial de este tipo es siempre el mismo: determinar si existe o no un derecho legal para ocupar el inmueble.

¿Cuándo la justicia puede ordenar un desalojo?

Según explicó el abogado, el proceso de desalojo tiene un principio jurídico muy claro que se repite en la doctrina y la jurisprudencia. “Un proceso de desalojo va dirigido contra toda aquella persona que ocupa sin derecho una propiedad ajena. Ese es el principio básico del juicio de desalojo. Cuando no existe un contrato de locación, un préstamo de uso, un contrato de habitación, un usufructo o cualquier otro título que habilite a una persona a estar en ese inmueble, el propietario tiene derecho a iniciar la acción judicial para recuperar su propiedad”, explicó.

En ese sentido, el letrado remarcó que el procedimiento siempre debe hacerse a través de la justicia y nunca por la fuerza. “Si una persona no tiene ningún derecho para ocupar un inmueble, el titular puede iniciar el juicio de desalojo. Pero siempre es por vía judicial, nunca por la fuerza ni mucho menos. Ese es el mecanismo legal que existe para resolver este tipo de conflictos”, sostuvo.

En el caso específico del barrio Pampa Soler, Bacigaluppe explicó que antes de iniciar la demanda se realizó un trabajo previo de identificación de todas las familias que estaban viviendo en los terrenos. “Antes de promover el juicio se individualizó a cada uno de los ocupantes. Se fue con un oficial de justicia, se recorrió lote por lote y se identificó a cada familia. Se les preguntó en qué carácter ocupaban el terreno y ninguno pudo alegar derechos de propiedad, ni contratos de alquiler, ni ningún tipo de título que los habilitara a permanecer”, señaló.

Según relató, muchos de los vecinos reconocieron que sabían que el terreno tenía dueño. “Los propios ocupantes reconocieron que sabían que el terreno era de terceros y manifestaron su voluntad de comprarlo. Incluso pidieron que la Municipalidad interviniera como intermediaria para poder pagar los lotes en cuotas”, indicó.

Derechos en conflicto: propiedad, vivienda y rol del Estado

Uno de los puntos que más debate genera en estos casos tiene que ver con los derechos que entran en juego. Por un lado, el derecho del propietario a recuperar su inmueble y, por otro, el derecho a la vivienda de quienes viven allí. Bacigaluppe sostiene que esa tensión muchas veces queda sin resolver por falta de intervención estatal. “Este es un tema que tiene muchas aristas, políticas, ideológicas y sociales. Nadie puede desconocer el derecho a la vivienda digna ni los derechos humanos, pero tampoco se puede desconocer el derecho de propiedad, que también está protegido por la Constitución”, explicó.

En ese sentido, el abogado cuestionó la forma en que muchas veces se intenta resolver el problema trasladando la responsabilidad al propietario. “Reconocer los derechos humanos y el derecho a una vivienda digna es una obligación del Estado, no de los propietarios. Mi cliente no tiene por qué resolver un problema social que corresponde a la política pública. El Estado debería intervenir y ofrecer soluciones habitacionales o mecanismos de regularización, pero muchas veces eso no ocurre”, afirmó.

Bacigaluppe también mencionó el caso de la ley de barrios populares, que en algunos casos puede frenar o modificar procesos judiciales de desalojo. “Esa ley surgió originalmente como una medida transitoria de dos años y luego fue prorrogada por diez años más. En algunos casos se aplica y en otros no, dependiendo de si el barrio está o no incluido dentro del registro oficial. En el caso de Pampa Soler, la Cámara consideró que en uno de los lotes no correspondía aplicarla y en otro sí”, explicó.

El abogado también apuntó a las promesas políticas que, según relató, se hicieron durante el conflicto. “En reuniones realizadas ante el juez participaron funcionarios provinciales y municipales que prometieron impulsar una ley de expropiación para solucionar el problema de los vecinos. Esa ley nunca salió. Después se explicó que dependía de la Legislatura, pero la realidad es que si hubiera voluntad política podría haberse resuelto”, sostuvo.

¿Es cierto que si hay niños no se puede desalojar?

Una de las creencias más extendidas en torno a los desalojos es que la presencia de niños o adultos mayores impide que se ejecute una orden judicial. Sin embargo, según explicó Bacigaluppe, esa idea no es correcta. “No es cierto que la presencia de niños o adultos mayores impida un desalojo. Hay fallos y dictámenes muy claros que establecen que en esos casos la responsabilidad es del Estado, no del propietario. Si hay menores involucrados, el Estado debe intervenir para garantizar su protección, pero eso no significa que el dueño pierda su derecho a recuperar su propiedad”, explicó.

En el caso del expediente de Pampa Soler, el abogado señaló que se realizaron consultas a organismos vinculados a la niñez. “Se le dio intervención al organismo correspondiente y la respuesta fue que no tenían participación directa en el expediente. Es decir, el proceso judicial sigue su curso y las cuestiones sociales deben ser abordadas por las políticas públicas”, detalló.

Cuando la justicia finalmente ordena el desalojo, el procedimiento también sigue una serie de pasos formales y controlados. “No es que un día se llega a las siete de la mañana con una topadora y se saca a la gente. El desalojo lo tiene que dirigir un oficial de justicia y normalmente se pide el auxilio de la fuerza pública para garantizar que la diligencia se realice sin violencia”, explicó Bacigaluppe.

Según relató, en el caso de Pampa Soler se buscó implementar un procedimiento que evitara conflictos con los vecinos. “Se propuso avisar con tiempo a las familias cuándo se iba a realizar la diligencia, para que puedan tomar recaudos, organizar su mudanza o ver dónde reubicarse. La idea siempre fue evitar enfrentamientos. De hecho, nunca hubo episodios de violencia con los vecinos”, sostuvo.

El abogado también explicó que el diálogo con los habitantes del barrio fue constante durante todo el proceso. “Con los vecinos hablamos permanentemente. Ellos hacen valer sus defensas, pero también reconocen que el problema principal tiene que ver con promesas políticas que nunca se cumplieron. Muchos funcionarios pasaron por el barrio a lo largo de los años y siempre prometieron soluciones que después no llegaron”, señaló.

Actualmente el expediente continúa en trámite judicial y todavía puede tener nuevas instancias. “Ahora la causa está en una etapa de apelaciones. Hay recursos presentados y la Cámara tendrá que resolver. En el ámbito judicial nunca se puede asegurar nada con absoluta certeza, porque siempre puede aparecer una resolución que cambie el rumbo del expediente”, concluyó.

Fuente: Despertar Entrerriano